Maspalomas Gran Canaria Canarias:
El alcalde rechaza mantener los servicios de la Comunidad Autónoma si ésta no los paga.
Marco Aurelio Pérez sostiene que el Ayuntamiento no puede continuar subvencionando servicios sociales impropios “si el Gobierno de Canarias no paga lo que le debe y, además, nos garantiza, que mantendrá las inversiones iniciales en los mismos”
Frente a las “críticas irresponsables de UGT”, el primer edil afirma que “el presupuesto municipal no puede seguir aumentando alegremente el capítulo de gastos de personal, porque ya ha pasado de 31 a 37 millones de euros”.
El presupuesto económico del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no podrá resistir por más tiempo un engorde de su capítulo 1 dedicado al gasto en sueldos de personal. Las sentencias de los trabajadores de Perfaler y otras ya elevan esa cuantía de 31 a 37 millones de euros.
Con esa espada de Damocles está teniendo que lidiar en esta legislatura el gobierno PP-AV que lidera el alcalde Marco Aurelio Pérez Sánchez, que se muestra dispuesto a poner freno definitivo a esa sangría económica que podría llevar al Ayuntamiento sureño a la bancarrota.
La primera decisión importante que el primer edil se ha visto obligado a tomar para intentar reconducir la situación económica de este municipio ha sido empezar a devolver los servicios ajenos que la administración autonómica venía prestando aquí gracias a las infraestructuras e inversiones del propio Ayuntamiento y a las subvenciones del Gobierno de Canarias, del Cabildo y de las obras sociales de entidades bancarias y financieras, que desde hace dos años se han reducido o han dejado de llegar a las arcas municipales debido a la crisis económica.
En ese sentido, el alcalde Marco Aurelio Pérez Sánchez ha advertido hoy que la administración municipal de San Bartolomé de Tirajana no mantendrá los servicios públicos que son competencia propia de la Comunidad Autónoma “si el Gobierno de Canarias no le paga a este Ayuntamiento todo lo que le debe como atrasos por la prestación de esos servicios, y si -además- no garantiza fehacientemente que seguirá aportando al cien por cien para este año y los siguientes los dineros para costear su puesta en marcha y su funcionamiento”.
Según el alcalde, si eso no ocurre el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no podrá mantener servicios como las unidades de Atención y Prevención de las Drogodependencias, el Centro de Atención a las Víctimas del Delito u otros vinculados a las áreas sociales del mayor y la infancia, y que tienen un coste global que supera el millón de euros.
En estos momentos se estima que la deuda pendiente del Gobierno de Canarias con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en materia de subvenciones por servicios podría ascender a más de medio millón de euros.
Personal ajeno
Sin proponérselo, el alcalde sureño sale así al paso a las denuncias “demagógicas, irresponsables y politizadas” realizadas por el secretario general de la UGT, y advierte al respecto sobre las demandas laborales que están presentando contra el Consistorio precisamente algunos trabajadores con sueldo subvencionado adscritos a servicios y programas dependientes del Gobierno Autónomo y Cabildo de Gran Canaria, que el Ayuntamiento hasta ahora ha mantenido y sufragado “sólo y hasta que ha podido por la cobertura pública directa que ofrecían a los vecinos”.
“Pero las arcas públicas de este Ayuntamiento no pueden seguir cargándose alegremente y asumir un mayor coste laboral, con un personal ajeno a esta administración que hasta ahora era contratado con subvenciones externas de la Comunidad Autónoma, del Cabildo y de entidades financieras, para desarrollar programas sociales muy concretos que en verdad son competencia de la Comunidad Autónoma, y que con la crisis han dejado de aportar esas subvenciones tan necesarias”, afirma el alcalde.
Para poder mantener esos servicios, el Ayuntamiento ha venido afrontado durante los últimos tres años un incremento en gastos de personal que no le correspondían, bien porque el Gobierno de Canarias no ha ingresado las subvenciones, como ocurrió con la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito en el 2010 y en el 2011, o con la ayuda imprescindible de 350.000 euros anuales para el mantenimiento de las Escuelas Infantiles del 2011 y lo que va del 2012; o bien porque ha reducido considerablemente esas subvenciones como ha ocurrido para este 2012 con el área de toxicomanías.
Las aportaciones municipales a los servicios y programas de Unidad de Atención a las Drogodependencias, Prevención de Drogodependencias, TECUM, Centro de Asistencia a las Víctimas del Delito, Centro de Día de enfermos mentales crónicos, Estimulación temprana, Centro de Discapacidad, todos de competencia no municipal, le costaban al principio al Ayuntamiento 189.500 euros, que podrían aumentar a 539.000 si no se revisan o devuelven y tiene que asumirlos en solitario.
El coste total de los servicios mencionados sería de 938.872€, de los que el ayuntamiento tendría que aportar 539.040€, lo que supone asumir casi el 60% del coste total de servicios que no son propios de una administración local. “Es decir, el Consistorio pondría 139.208 euros más que el Gobierno de Canarias, pese a que son ellos los responsable de esos servicios”, afirma el alcalde.
Servicios impropios
A esa situación desfavorable para el Ayuntamiento se suma que hay centros como el de Atención a las Víctimas del Delito en los que el Ejecutivo Autonómico ha hecho dejación de sus obligaciones durante los dos últimos años por no ingresar las subvenciones correspondientes al 2010 y 2011, unos 164.000 euros que el Consistorio se vio obligado a asumir íntegramente para costear el servicio. Su devolución a la Consejería regional fue una de las primeras porque, además, el Gobierno de Canarias pretendía aportar para este 2012 sólo 28.000 euros.
Lo mismo está sucediendo con la Unidad de Atención a las Drogodependencias. Pese a ser un servicio impropio del Ayuntamiento, éste apoyaba al mismo con unos 93.128 euros anuales, pero dada la situación actual tendrá que aportar 146.033 euros lo que supone que tendría que incrementar su aportación inicial desde un 30% hasta casi un 50%.
Semejante situación ocurre con otros servicios como el del Centro de atención a enfermos mentales crónicos, donde la inversión municipal se incrementa en un 20% y pasa de los 11.969 euros a los 33.857 actuales, sin contar que el ayuntamiento cubre la cesión del local donde se desarrolla el programa, realiza el mantenimiento del mismo, asume los gastos corrientes de agua, luz y teléfono así como los 13.200 euros de gasto de transporte de los enfermos.
También en el programa de Estimulación Temprana se verá el Ayuntamiento obligado a incrementar su aportación en casi un 26% pasando de aportar 14.354 euros a 42.659 euros.
La atención a los pacientes con cáncer, que es una competencia propia del Servicio Canario de Salud, pasó de costar al Ayuntamiento 26.679 euros en el año 2011 hasta 85.360€ para el 2012, suponiendo casi un 70% del coste total del servicio.
Pero un caso aún más sangrante es el que ofrece el Centro de Discapacidad, donde el Ayuntamiento tiene que asumir de la noche a la mañana una aportación de 50.700 euros, que suponen más la mitad del coste de este servicio, que asciende a unos 94.978 euros.
En cualquier caso, afirma el alcalde, el ayuntamiento no es partidario de reducir los servicios que sí son una competencia municipal y por ello está reorganizando los Servicios Sociales para que se adapten a la población general y no a colectivos específicos o con problemáticas especializadas cuya competencia es del Gobierno Autónomo. Así, ha reforzado las Unidades de Trabajo Social del Tablero y de San Fernando, aportando dos trabajadoras sociales más. Pondrá en marcha en breve un programa de prevención de la exclusión social con atención psicológica y socio-educativa; y también se prevé implementar un plan integral para atender a los adolescentes en riesgo abordando el absentismo escolar, el fracaso escolar y el consumo precoz de drogas, con un enfoque principalmente socio-educativo.
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