La Dirección General de Costas ordena el litoral.
En la provincia de Las Palmas la Dirección General de Costas se ha propuesto que todo el litoral esté bajo el paraguas del Estado y para eso está completando los deslindes marítimo terrestres. Lo que se ha encontrado, más allá de ilegalidades, es una situación alarmante de casas dentro del mar.
Cuando la Dirección General de Costas declara una zona como dominio público, puede incluso ordenar el derribo de los edificios. Lo habitual es que otorgue a los propietarios una concesión para permanecer en los inmuebles otros treinta años, pero en el caso de que los mismos invadan de forma alarmante la zona marítima, ya no por legalidad, sino por seguridad, está obligada a desalojar y derribar.
Existen edificios que se encuentran prácticamente colgados del acantilado, mientras que otros están literalmente sobre la marea, tanto es así que muchos de estos propietarios pueden incluso pescar desde la venta de sus viviendas.
Carlos Cárdenes, jefe de la Demarcación de Costas de Canarias, considera muy preocupante la seguridad de ciertas construcciones a las que el oleaje golpea diariamente y de otras a las que el mar ha descarnado hasta sus cimientos. Existen casas en las que desde el interior se puede percibir con claridad como el mar entra por debajo y mueve los callaos; «esto no lo podemos seguir tolerando», indica.
El otro problema con el que se encuentra la Dirección General de Costas es el de los dueños de viviendas situadas dentro de la llamada servidumbre de protección, que es una franja paralela al deslinde -tierra adentro- en la que se mantiene la titularidad privada del terrenos y de las edificaciones, pero que impone fuertes restricciones a la hora de construir o hacer reformas. Las edificaciones que están dentro de la servidumbre de protección necesitan una autorización expresa de Costas para cualquiera obra interior, y las nuevas construcciones están prácticamente prohibidas.
En Gran Canaria son numerosas las propiedades que se encuentran en esta situación, pero lo más lamentable de algunas de ellas no es sólo su ubicación sino la imagen de deterioro y chabolismo que ofrecen sobre el litoral. Sus propietarios no han cuidado en absoluto el decoro y las autoridades municipales las ignoran, en algunos casos, en connivencia con sus dueños.
Costas se ha propuesto ir a por todas y para ello no dudará en derribar lo que haga falta.
Cuando la Dirección General de Costas declara una zona como dominio público, puede incluso ordenar el derribo de los edificios. Lo habitual es que otorgue a los propietarios una concesión para permanecer en los inmuebles otros treinta años, pero en el caso de que los mismos invadan de forma alarmante la zona marítima, ya no por legalidad, sino por seguridad, está obligada a desalojar y derribar.
Existen edificios que se encuentran prácticamente colgados del acantilado, mientras que otros están literalmente sobre la marea, tanto es así que muchos de estos propietarios pueden incluso pescar desde la venta de sus viviendas.
Carlos Cárdenes, jefe de la Demarcación de Costas de Canarias, considera muy preocupante la seguridad de ciertas construcciones a las que el oleaje golpea diariamente y de otras a las que el mar ha descarnado hasta sus cimientos. Existen casas en las que desde el interior se puede percibir con claridad como el mar entra por debajo y mueve los callaos; «esto no lo podemos seguir tolerando», indica.
El otro problema con el que se encuentra la Dirección General de Costas es el de los dueños de viviendas situadas dentro de la llamada servidumbre de protección, que es una franja paralela al deslinde -tierra adentro- en la que se mantiene la titularidad privada del terrenos y de las edificaciones, pero que impone fuertes restricciones a la hora de construir o hacer reformas. Las edificaciones que están dentro de la servidumbre de protección necesitan una autorización expresa de Costas para cualquiera obra interior, y las nuevas construcciones están prácticamente prohibidas.
En Gran Canaria son numerosas las propiedades que se encuentran en esta situación, pero lo más lamentable de algunas de ellas no es sólo su ubicación sino la imagen de deterioro y chabolismo que ofrecen sobre el litoral. Sus propietarios no han cuidado en absoluto el decoro y las autoridades municipales las ignoran, en algunos casos, en connivencia con sus dueños.
Costas se ha propuesto ir a por todas y para ello no dudará en derribar lo que haga falta.
El Informador de Maspalomas.