Maspalomas (Gran Canaria): más de 1.000 millones de euros en indemnizaciones por casos aún abiertos tiene paralizados
el Gobierno Canario en los tribunales.
el Gobierno Canario en los tribunales.
El Gobierno de Canarias, según datos aportados por el propio Ejecutivo, ha logrado paralizar el pago de 864.049.372 euros en concepto de indemnizaciones que distintas empresas han reclamado y que han sido desestimadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), aunque aún están pendientes de recurso. A esto habría que sumar al menos otros 187 millones de euros por procesos que aún están pendientes de resolución y en los que los tribunales han dado la razón a los demandantes.
Así, en estos momentos hay 1.054 millones paralizados en los tribunales aunque con distintos estadios procesales. Esta cantidad podría ser mayor ya que el Ejecutivo dice que no se facilitan cantidades de tres casos porque el TSJC aún no se ha pronunciado sobre la suma concreta a la que tendrían derecho los reclamantes y que podría ser cero o mayor a la pedida inicialmente.
De esta manera, los 864.049.372 euros que el Ejecutivo ha logrado paralizar responden a seis sentencias en las que los tribunales le han dado la razón. Sin embargo en todos los casos salvo uno en el que no consta, se ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS). Hay que destacar que en uno de los casos, en los que la empresa Bristol Lake en La Oliva reclamaba 153 millones de euros el TSJC fue condenada incluso a pagar al Gobierno los costes del juicio por temeridad al presentar la reclamación a sabiendas de que no tenía derecho a cobrarla.
A eso hay que sumar los 102 millones de euros que la empresa Cabo Verde, del empresario Rafael Bittini ha pedido por el ya famoso caso Tebeto y otros 84,8 millones de euros que las empresas Lopesan y Dehesa de Jandía han solicitado por las consecuencias que en su negocio ha tenido la moratoria turística. En todos los casos ha sido admitida por la sala la ejecución provisional de las indemnizaciones, aunque los avales no se han constituido en ninguno de los casos.
En estos momentos, el único pago efectivo al que ha tenido que responder el Gobierno ha sido el de Montaña Rayada, tras el auto de 28 de noviembre de 2006 en el que el TSJC reconocía a la empresa el derecho a recibir 29.352.289 euros, en concepto por los agravios que sufrió su negocio por la Ley de Espacios Naturales de 1987.
Esta sentencia fue firme tras el auto del TS de 16 de octubre de 2008. Finalmente el Gobierno el pasado mes de septiembre autorizó una retención de crédito por importe de 33.108.577,81 euros en el que se sumaban los intereses de demora.
Así, en estos momentos hay 1.054 millones paralizados en los tribunales aunque con distintos estadios procesales. Esta cantidad podría ser mayor ya que el Ejecutivo dice que no se facilitan cantidades de tres casos porque el TSJC aún no se ha pronunciado sobre la suma concreta a la que tendrían derecho los reclamantes y que podría ser cero o mayor a la pedida inicialmente.
De esta manera, los 864.049.372 euros que el Ejecutivo ha logrado paralizar responden a seis sentencias en las que los tribunales le han dado la razón. Sin embargo en todos los casos salvo uno en el que no consta, se ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS). Hay que destacar que en uno de los casos, en los que la empresa Bristol Lake en La Oliva reclamaba 153 millones de euros el TSJC fue condenada incluso a pagar al Gobierno los costes del juicio por temeridad al presentar la reclamación a sabiendas de que no tenía derecho a cobrarla.
A eso hay que sumar los 102 millones de euros que la empresa Cabo Verde, del empresario Rafael Bittini ha pedido por el ya famoso caso Tebeto y otros 84,8 millones de euros que las empresas Lopesan y Dehesa de Jandía han solicitado por las consecuencias que en su negocio ha tenido la moratoria turística. En todos los casos ha sido admitida por la sala la ejecución provisional de las indemnizaciones, aunque los avales no se han constituido en ninguno de los casos.
En estos momentos, el único pago efectivo al que ha tenido que responder el Gobierno ha sido el de Montaña Rayada, tras el auto de 28 de noviembre de 2006 en el que el TSJC reconocía a la empresa el derecho a recibir 29.352.289 euros, en concepto por los agravios que sufrió su negocio por la Ley de Espacios Naturales de 1987.
Esta sentencia fue firme tras el auto del TS de 16 de octubre de 2008. Finalmente el Gobierno el pasado mes de septiembre autorizó una retención de crédito por importe de 33.108.577,81 euros en el que se sumaban los intereses de demora.
El Informador de Maspalomas.
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