Maspalomas (Gran Canaria): El Servicio del Defensor del Profesor ha atendido en Canarias el pasado año un total de 97 casos, de los que un 20% fueron por conductas agresivas del alumnado contra los docentes, según informó este martes en un comunicado ANPE-Canarias.
Este servicio se puso en marcha el 21 de noviembre de 2008, y a través de él se ofrece asesoramiento y orientación psicológica, legal y administrativa a todos aquellos docentes que son víctimas de la conflictividad en el desarrollo de su profesión.
Del total de casos atendidos durante el pasado curso, un 80% de los profesores manifestaron tener problemas para impartir sus clases; un 60% de ellos sufrieron faltas de respeto; y un 30%, acoso y amenazas directas de alumnos.
Según ANPE, la indefensión de un docente cuando acude a este servicio es total. De hecho, en un 50% de las situaciones en las que se ha prestado asesoramiento, el profesor señala sentirse desprotegido y sin respaldo por parte de la Dirección de los centros y en un 25 por ciento manifiestan desamparo y casi abandono por parte de la Administración.
La incidencia de la conflictividad en el ámbito escolar es diversa y viene diferenciada por niveles educativos. En concreto, el 50% de los casos de agresiones se han dado en la enseñanza secundaria, y dentro de ésta, en los primeros cursos de la ESO, donde resulta más difícil dar clase y, por lo tanto, es mayor la conflictividad entre alumnado y profesorado. El resto de los casos corresponden en un 35% a Primaria y en un 15% a Infantil.
El Defensor del Profesor ha prestado asesoramiento psicológico en un 70% de los casos; la asesoría jurídica la han utilizado un 90% de los profesores atendidos, haciéndose necesaria la intervención directa ante la Administración en un 20% de las ocasiones y la defensa jurídica ante la Administración en un 75%.
ANPE ha querido poner en conocimiento de la opinión pública el "grave deterioro" que está padeciendo la labor docente en la educación pública canaria, "motivado en gran medida por la pérdida de autoridad que sufren maestros y profesores en el aula debido, entre otras causas, a una legislación que sobreprotege al alumnado conflictivo y culpabiliza de todos los males al profesorado".
Por todo ello, ANPE exige a la Administración educativa un cambio en las normativas sobre convivencia escolar, amparo legal al profesorado, asistencia psicológica y reconocimiento de las enfermedades profesionales de los docentes, además de recibir formación específica en resolución de conflictos y solicitar la colaboración de los padres en la educación de sus hijos.
Del total de casos atendidos durante el pasado curso, un 80% de los profesores manifestaron tener problemas para impartir sus clases; un 60% de ellos sufrieron faltas de respeto; y un 30%, acoso y amenazas directas de alumnos.
Según ANPE, la indefensión de un docente cuando acude a este servicio es total. De hecho, en un 50% de las situaciones en las que se ha prestado asesoramiento, el profesor señala sentirse desprotegido y sin respaldo por parte de la Dirección de los centros y en un 25 por ciento manifiestan desamparo y casi abandono por parte de la Administración.
La incidencia de la conflictividad en el ámbito escolar es diversa y viene diferenciada por niveles educativos. En concreto, el 50% de los casos de agresiones se han dado en la enseñanza secundaria, y dentro de ésta, en los primeros cursos de la ESO, donde resulta más difícil dar clase y, por lo tanto, es mayor la conflictividad entre alumnado y profesorado. El resto de los casos corresponden en un 35% a Primaria y en un 15% a Infantil.
El Defensor del Profesor ha prestado asesoramiento psicológico en un 70% de los casos; la asesoría jurídica la han utilizado un 90% de los profesores atendidos, haciéndose necesaria la intervención directa ante la Administración en un 20% de las ocasiones y la defensa jurídica ante la Administración en un 75%.
ANPE ha querido poner en conocimiento de la opinión pública el "grave deterioro" que está padeciendo la labor docente en la educación pública canaria, "motivado en gran medida por la pérdida de autoridad que sufren maestros y profesores en el aula debido, entre otras causas, a una legislación que sobreprotege al alumnado conflictivo y culpabiliza de todos los males al profesorado".
Por todo ello, ANPE exige a la Administración educativa un cambio en las normativas sobre convivencia escolar, amparo legal al profesorado, asistencia psicológica y reconocimiento de las enfermedades profesionales de los docentes, además de recibir formación específica en resolución de conflictos y solicitar la colaboración de los padres en la educación de sus hijos.
El Informador de Maspalomas.
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