Maspalomas Gran Canaria Canarias:
En escrito remitido a las organizaciones ecologistas por la oficina del Defensor del Pueblo, ha admitido a trámite la queja pressentada en febrero del presente año por los ecologistas, con el apoyo de Ben Magec-Ecologistas en Acción y EcoOcéanos, contra el Catálogo Canario de Especies Protegidas, según ha informado el colectivo en un comunicado.
En escrito remitido a las organizaciones ecologistas por la oficina del Defensor del Pueblo, ha admitido a trámite la queja pressentada en febrero del presente año por los ecologistas, con el apoyo de Ben Magec-Ecologistas en Acción y EcoOcéanos, contra el Catálogo Canario de Especies Protegidas, según ha informado el colectivo en un comunicado.
En este han recalcado, además, que en dicho escrito se han especificado las posibles" múltiples irregularidades" del Catálogo denunciadas por los ecologistas, incluyendo entre ellas, el haber sido objeto de un acuerdo bilateral entre el Gobierno central y canario.
Asimismo, han aclarado que la única de "las irregularidades" que la Defensora del Pueblo no ha asumido es la relación entre el Catálogo y el Puerto de Granadilla, debido "a que es un asunto actualmente pendiente de resolución judicial", cuestión en la que la Defensora del Pueblo tiene prohibido intervenir hasta que la decisión se produzca.
Por último, las organizaciones ecologistas han vuelto a exigir al nuevo Gobierno canario que salga de las últimas elecciones del 22M la "inmediata retirada del Catálogo, por ser un precedente gravísimo a nivel estatal de desprotección de nuestra cada vez más amenazada biodiversidad".
El catálogo canario es el único en el Estado que se aprobó como Ley y no como Decreto lo que evita que sea recurrido por inconstitucionalidad por parte de la ciudadanía, pues al aprobarse como ley únicamente podía ser recurrirlo ante el máximo tribunal por parte de 50 parlamentarios estatales, la Defensora del Pueblo o el Gobierno Central.
Asimismo, han aclarado que la única de "las irregularidades" que la Defensora del Pueblo no ha asumido es la relación entre el Catálogo y el Puerto de Granadilla, debido "a que es un asunto actualmente pendiente de resolución judicial", cuestión en la que la Defensora del Pueblo tiene prohibido intervenir hasta que la decisión se produzca.
Por último, las organizaciones ecologistas han vuelto a exigir al nuevo Gobierno canario que salga de las últimas elecciones del 22M la "inmediata retirada del Catálogo, por ser un precedente gravísimo a nivel estatal de desprotección de nuestra cada vez más amenazada biodiversidad".
El catálogo canario es el único en el Estado que se aprobó como Ley y no como Decreto lo que evita que sea recurrido por inconstitucionalidad por parte de la ciudadanía, pues al aprobarse como ley únicamente podía ser recurrirlo ante el máximo tribunal por parte de 50 parlamentarios estatales, la Defensora del Pueblo o el Gobierno Central.
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