Maspalomas Gran Canaria Canarias:
Según ha denunciado la organización WWF, las Islas Canarias es una de las comunidades autónomas en las que no se están aplicando medidas legales contra el uso de cebos envenenados, tras confirmar recientemente la Audiencia Provincial de Madrid la condena por uso de cebos envenenados en la Finca de El Chiriví (Torrenueva, Ciudad Real).
La ONG ha señalado que Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cataluña son las únicas regiones españolas que sí lo hacen. Desde 2004 ha conocido cerca de 50 condenas penales en toda España, todas ellas en alguna de las regiones citadas y ha añadido que comunidades autónomas como Aragón, Asturias, Navarra o Madrid "no han dictado ninguna sanción administrativa", mientras que en las primeras se están aplicando medidas legales "con cierta regularidad, pero incluso en estas, la eficacia es muy desigual según las provincias".
Las administraciones ambientales han realizado en varias autonomías un mayor número de suspensiones de actividad cinegética; sanciones de multa y otras medidas administrativas recogidas en la normativa de caza o de conservación de la naturaleza. En su conjunto desde 2004 las sanciones o resoluciones adoptadas superan el centenar.
En este sentido, WWF destaca a Lérida, provincia que cuenta con nueve sentencias condenatorias por veneno, catorce personas condenadas y diez cotos de caza cerrados por esta causa, "gracias al eficaz trabajo" del grupo especializado en investigación en furtivismo y venenos del cuerpo de agentes rurales provinciales.
Para WWF, aunque el número de sentencias va aumentando progresivamente, gracias en buena parte al impulso que ha supuesto la reciente creación de las fiscalías de medio ambiente, sigue siendo insuficiente para disuadir de esta práctica ilegal.
A este respecto, el responsable del Programa de Biodiversidad terrestre de WWF España, Luis Suárez, ha destacado que es necesaria más eficacia en la persecución legal de estas conductas por las administraciones ambientales, ya que la vía administrativa es más ágil y operativa que la vía penal. "Gran parte de casos podrían terminar con una sanción administrativa si existe voluntad para ello", ha apostillado.
Por comunidades autónomas, WWF destaca que en Andalucía se han producido "resoluciones ejemplarizantes" en Almería, Cádiz, Málaga o Granada pero se "echan en falta" en provincias como Sevilla o Huelva, donde anteriormente sí se habían tomado este tipo de medidas.
El Informador de Maspalomas. Noticias de Gran Canaria, Canarias, España.
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Según ha denunciado la organización WWF, las Islas Canarias es una de las comunidades autónomas en las que no se están aplicando medidas legales contra el uso de cebos envenenados, tras confirmar recientemente la Audiencia Provincial de Madrid la condena por uso de cebos envenenados en la Finca de El Chiriví (Torrenueva, Ciudad Real).
La ONG ha señalado que Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cataluña son las únicas regiones españolas que sí lo hacen. Desde 2004 ha conocido cerca de 50 condenas penales en toda España, todas ellas en alguna de las regiones citadas y ha añadido que comunidades autónomas como Aragón, Asturias, Navarra o Madrid "no han dictado ninguna sanción administrativa", mientras que en las primeras se están aplicando medidas legales "con cierta regularidad, pero incluso en estas, la eficacia es muy desigual según las provincias".
Las administraciones ambientales han realizado en varias autonomías un mayor número de suspensiones de actividad cinegética; sanciones de multa y otras medidas administrativas recogidas en la normativa de caza o de conservación de la naturaleza. En su conjunto desde 2004 las sanciones o resoluciones adoptadas superan el centenar.
En este sentido, WWF destaca a Lérida, provincia que cuenta con nueve sentencias condenatorias por veneno, catorce personas condenadas y diez cotos de caza cerrados por esta causa, "gracias al eficaz trabajo" del grupo especializado en investigación en furtivismo y venenos del cuerpo de agentes rurales provinciales.
Para WWF, aunque el número de sentencias va aumentando progresivamente, gracias en buena parte al impulso que ha supuesto la reciente creación de las fiscalías de medio ambiente, sigue siendo insuficiente para disuadir de esta práctica ilegal.
A este respecto, el responsable del Programa de Biodiversidad terrestre de WWF España, Luis Suárez, ha destacado que es necesaria más eficacia en la persecución legal de estas conductas por las administraciones ambientales, ya que la vía administrativa es más ágil y operativa que la vía penal. "Gran parte de casos podrían terminar con una sanción administrativa si existe voluntad para ello", ha apostillado.
Por comunidades autónomas, WWF destaca que en Andalucía se han producido "resoluciones ejemplarizantes" en Almería, Cádiz, Málaga o Granada pero se "echan en falta" en provincias como Sevilla o Huelva, donde anteriormente sí se habían tomado este tipo de medidas.
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