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Canarias prepara una nueva ley para obligar a difundir los sueldos públicos.
El Gobierno habilitará un portal en internet para que los ciudadanos accedan a la información.
La Consejería de Presidencia del Gobierno canario prepara una ley de Transparencia y un portal específico en internet donde el ciudadano tenga acceso a la información sobre la gestión de los recursos públicos. Uno de los objetivos será también divulgar los sueldos y retribuciones de los altos cargos de la Comunidad Autónoma y del sector público en general, incluido el Parlamento. No obstante, la Cámara es un órgano soberano y será el que debe decidir si facilita el detalle de sus gastos para que sean publicados.
Varias comunidades autónomas están a la espera de que el Gobierno central apruebe la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Canarias es una de las autonomías que quiere contar con su propia ley y, además, un portal on line que sea innovador a la hora de ofrecer información relevante sobre la Comunidad Autónoma.
La transparencia en las retribuciones y gastos de los cargos públicos en el ejercicio de sus funciones es uno de los retos de la futura ley canaria de Transparencia. En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma figuran los salarios de los altos cargos, asesores y personal directivo vinculado al Gobierno canario. Sin embargo, existen aún claroscuros en esta información como es el caso del Parlamento, que tiene soberanía para repartir su presupuesto y no tiene el control externo y la fiscalización de la Audiencia de Cuentas.
Una de las incógnitas sobre la nueva Ley de Transparencia del Gobierno central es hasta dónde llegará el control sobre los fondos de los partidos políticos, que sólo están controlados por el Tribunal de Cuentas y de forma superficial. Con la polémica que ha levantado el caso Bárcenas, uno de los principales retos es que la ley contenga los medios suficientes para poner coto a la financiación de los partidos políticos.
En el caso de Canarias, la norma que prepara el Gobierno regional deberá recoger las directrices que marque la normativa estatal al respecto. La asignación de fondos públicos a los grupos políticos del Parlamento es una de las cuestiones que podría estar en el contenido de la futura ley.
Fuente: R. ACOSTA
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