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En su reunión de hoy viernes, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un plan del Ministerio de Industria con medidas adicionales para ahorrar energía y suavizar de esta forma los efectos de la escalada del crudo provocada por la crisis en el Norte de África y en Oriente Próximo.
En su reunión de hoy viernes, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un plan del Ministerio de Industria con medidas adicionales para ahorrar energía y suavizar de esta forma los efectos de la escalada del crudo provocada por la crisis en el Norte de África y en Oriente Próximo.
Estas medidas se aprueban después de que Miguel Sebastián, ministro de Industria, haya mantenido reuniones durante la semana con representantes de ayuntamientos y comunidades autónomas, y complementan las de carácter "inmediato" anunciadas el pasado viernes por el Gobierno.
El Ejecutivo acordó el pasado viernes recortar de 120 a 110 kilómetros por hora la velocidad máxima en carreteras, rebajar un 5% las tarifas de billetes y abonos de trenes de media y corta distancia y elevar al 7% el porcentaje de biodiésel.
Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, indicó que cada subida en 10 dólares del barril de crudo tiene un coste de 6.000 millones para la factura energética y que la crisis Libia, si bien no está afectando al suministro, sí repercute sobre el precio de la energía.
En los encuentros de esta semana entre Industria y las administraciones se han abordado medidas como un plan 'renove' para neumáticos, la sustitución por parte de empresas de servicios energéticos de todas las bombillas de instalaciones públicas o el uso compartido de coches oficiales entre distintos departamentos administrativos.
Miguel Sebastián, Ministro de Industria, acordó con Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, aplicar las dos segundas medidas, así como otra más a largo plazo que consiste en "descentralizar" los edificios administrativos para llevarlos a las afueras.
Miguel Sebastián y Pedro Castro no coincidieron en la necesidad de aplicar otras iniciativas como el pago de una tasa a los vehículos por entrar en el centro de las ciudades, la alternancia entre matrículas pares e impares o la rebaja en las tarifas de metro y autobús.
Para los municipios, estas rebajas en las tarifas solo se aplicarán si antes hay éxito en las medidas de concienciación y los ciudadanos se decantan de forma masiva por el transporte público.
En los encuentros con las comunidades autónomas, las partes acordaron un plan para renovar 240.000 neumáticos, e Industria presentó 16 medidas en áreas como los edificios públicos, el alumbrado y la movilidad. Entre ellas figura la de apagar antes las luces de estos edificios.
Por otra parte, el Gobierno tiene previsto dar luz verde durante la reunión del Consejo de Ministros de este viernes al proyecto de la ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
Esta normativa pretende regular aspectos básicos del derecho a la utilización de las tecnologías de la información y la información por parte de los ciudadanos y profesionales en sus relaciones con la Administración de Justicia.
Asimismo, el proyecto de ley recoge las condiciones necesarias para poder tramitar íntegramente en formato electrónico todos los procedimientos judiciales.
La norma pretende trasladar al ámbito español el plan de acción e-Justicia de la Unión Europea, que propone una estrategia para cuyo objetivo es mejorar la administración de justicia en beneficio de los ciudadanos.
El Ejecutivo acordó el pasado viernes recortar de 120 a 110 kilómetros por hora la velocidad máxima en carreteras, rebajar un 5% las tarifas de billetes y abonos de trenes de media y corta distancia y elevar al 7% el porcentaje de biodiésel.
Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, indicó que cada subida en 10 dólares del barril de crudo tiene un coste de 6.000 millones para la factura energética y que la crisis Libia, si bien no está afectando al suministro, sí repercute sobre el precio de la energía.
En los encuentros de esta semana entre Industria y las administraciones se han abordado medidas como un plan 'renove' para neumáticos, la sustitución por parte de empresas de servicios energéticos de todas las bombillas de instalaciones públicas o el uso compartido de coches oficiales entre distintos departamentos administrativos.
Miguel Sebastián, Ministro de Industria, acordó con Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, aplicar las dos segundas medidas, así como otra más a largo plazo que consiste en "descentralizar" los edificios administrativos para llevarlos a las afueras.
Miguel Sebastián y Pedro Castro no coincidieron en la necesidad de aplicar otras iniciativas como el pago de una tasa a los vehículos por entrar en el centro de las ciudades, la alternancia entre matrículas pares e impares o la rebaja en las tarifas de metro y autobús.
Para los municipios, estas rebajas en las tarifas solo se aplicarán si antes hay éxito en las medidas de concienciación y los ciudadanos se decantan de forma masiva por el transporte público.
En los encuentros con las comunidades autónomas, las partes acordaron un plan para renovar 240.000 neumáticos, e Industria presentó 16 medidas en áreas como los edificios públicos, el alumbrado y la movilidad. Entre ellas figura la de apagar antes las luces de estos edificios.
Por otra parte, el Gobierno tiene previsto dar luz verde durante la reunión del Consejo de Ministros de este viernes al proyecto de la ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
Esta normativa pretende regular aspectos básicos del derecho a la utilización de las tecnologías de la información y la información por parte de los ciudadanos y profesionales en sus relaciones con la Administración de Justicia.
Asimismo, el proyecto de ley recoge las condiciones necesarias para poder tramitar íntegramente en formato electrónico todos los procedimientos judiciales.
La norma pretende trasladar al ámbito español el plan de acción e-Justicia de la Unión Europea, que propone una estrategia para cuyo objetivo es mejorar la administración de justicia en beneficio de los ciudadanos.
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