Maspalomas (Gran Canaria): El Congreso da "luz verde" a la tramitación de la propuesta de modificación de la Ley de Navegación Aérea para mejorar la situación ambiental que afecta a las poblaciones próximas a las infraestructuras aeroportuarias, tras rechazar mayoritariamente las enmiendas a la totalidad presentadas.
El ministro de Fomento, José Blanco, destacó, en su defensa, la necesidad de esta reforma, porque corrige un artículo que tiene 50 años de vigencia y es preciso llevar a cabo una modificación normativa dado que se han producido profundos cambios en el sector aéreo.
Los diferentes grupos parlamentarios destacaron en sus intervenciones que se trata de zanjar una situación concreta, aludiendo a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid atendiendo las reclamaciones de los vecinos de la Urbanización Santo Domingo sobre el ruido ambiental que produce la ampliación del aeropuerto de Barajas.
El ministro reconoció que esta propuesta nace "evidentemente" de una sentencia, pero que es preciso hablar del "interés general", porque no solamente hay afectados por el ruido, sino también los trabajadores de los aeropuertos.
Pero Blanco pidió que se vea el "interés general", porque hay que resolver este tema que va más allá de los problemas de unos ciudadanos o de un aeropuerto, sino que es más importante.
Desde Izquierda Unida, Gaspar Llamazares presentó una enmienda a la totalidad, lo mismo que Rosa Díez, de UPyD, quien solicitó que fuese devuelta al Gobierno, mientras que Andrés Ayala, del PP, vinculó su aceptación a que se apruebe la comparecencia de los alcaldes de los municipios afectados en el Congreso, mientras que el PNV retiró su enmienda a la totalidad.
A juicio de Blanco, es preciso adecuar la ley a las nuevas exigencias de la sociedad para hacer compatibles el servicio de las grandes infraestructuras, como "palanca de crecimiento económico", con el respeto al medio ambiente y a los derechos de los ciudadanos".
Reconociendo la importancia que tienen los aeropuertos para la economía española, ya que por su dimensión, según Blanco, genera 440.000 empleos, de los cuales 140.000 se localizan de manera directa en las 6.200 empresas que operan en ellos, el ministro considera que "no puede llevarse a cualquier precio".
Por eso, desde Fomento se defiende que la actividad económica que generan los aeropuertos debe de estar conciliada con el entorno urbano más inmediato.
Este proyecto clarifica y precisa cuáles son las obligaciones del Estado en materia de impacto acústico de la navegación aérea y garantiza que se respeten los objetivos de calidad acústica fijados en la normativa vigente, y que se incluyan las correspondientes medidas correctoras.
Esta ley fija además un plazo concreto para que el Estado apruebe las correspondientes servidumbres acústicas y se atiendan los derechos de los afectados por la operación de los vuelos sobre esas zonas.
Los diferentes grupos parlamentarios destacaron en sus intervenciones que se trata de zanjar una situación concreta, aludiendo a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid atendiendo las reclamaciones de los vecinos de la Urbanización Santo Domingo sobre el ruido ambiental que produce la ampliación del aeropuerto de Barajas.
El ministro reconoció que esta propuesta nace "evidentemente" de una sentencia, pero que es preciso hablar del "interés general", porque no solamente hay afectados por el ruido, sino también los trabajadores de los aeropuertos.
Pero Blanco pidió que se vea el "interés general", porque hay que resolver este tema que va más allá de los problemas de unos ciudadanos o de un aeropuerto, sino que es más importante.
Desde Izquierda Unida, Gaspar Llamazares presentó una enmienda a la totalidad, lo mismo que Rosa Díez, de UPyD, quien solicitó que fuese devuelta al Gobierno, mientras que Andrés Ayala, del PP, vinculó su aceptación a que se apruebe la comparecencia de los alcaldes de los municipios afectados en el Congreso, mientras que el PNV retiró su enmienda a la totalidad.
A juicio de Blanco, es preciso adecuar la ley a las nuevas exigencias de la sociedad para hacer compatibles el servicio de las grandes infraestructuras, como "palanca de crecimiento económico", con el respeto al medio ambiente y a los derechos de los ciudadanos".
Reconociendo la importancia que tienen los aeropuertos para la economía española, ya que por su dimensión, según Blanco, genera 440.000 empleos, de los cuales 140.000 se localizan de manera directa en las 6.200 empresas que operan en ellos, el ministro considera que "no puede llevarse a cualquier precio".
Por eso, desde Fomento se defiende que la actividad económica que generan los aeropuertos debe de estar conciliada con el entorno urbano más inmediato.
Este proyecto clarifica y precisa cuáles son las obligaciones del Estado en materia de impacto acústico de la navegación aérea y garantiza que se respeten los objetivos de calidad acústica fijados en la normativa vigente, y que se incluyan las correspondientes medidas correctoras.
Esta ley fija además un plazo concreto para que el Estado apruebe las correspondientes servidumbres acústicas y se atiendan los derechos de los afectados por la operación de los vuelos sobre esas zonas.
El Informador de Maspalomas.
Noticias de Gran Canaria, Canarias, España.
