Maspalomas (Gran Canaria): Los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach atribuyen al ex presidente del Govern y ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, haber auspiciado el pago de un total de 4.802 euros del Ejecutivo a los servicios de vigilancia y limpieza de un mitin del PP celebrado en el velódromo Palma Arena en mayo de 2007 y que contó con la presencia del presidente nacional de los populares, Mariano Rajoy.
Así consta en el escrito que presentaron aeste viernes los representantes del Ministerio Público al juez que instruye el caso Palma Arena, José Castro, y en el que imputan al ex jefe del Ejecutivo balear un total de seis delitos distintos, castigados con penas de más de 24 años de prisión, lo que a juicio de ambos fiscales podría ser motivo suficiente para que Matas se sustrajese de la acción de la justicia. Por ello, solicitaron para el imputado su ingreso en la cárcel eludible bajo fianza de tres millones de euros, ante lo que deberá pronunciarse el magistrado el próximo lunes.
El escrito de la acusación pública, al que tuvo acceso Europa Press, relata entre otros numerosos hechos presuntamente delictivos que la Fundació Illesport, entidad pública del Govern, abonó tres facturas por 4.802 euros para el acto electoral celebrado el 18 de mayo de 2007, previo a los comicios autonómicos y municipales de ese año, lo que supuso la comisión de un delito de malversación de caudales públicos.
En concreto, una de las facturas fue emitida por la entidad Balimsa (Balear de Limpieza S.A.) por un total de 2.726 euros; otra por la empresa Trablisa para la vigilancia del recinto durante el mitin, por importe de 1.769 euros, y la tercera también de esta compañía de seguridad por valor de 307 euros en concepto de servicios de Atesa. Tres facturas que, según la Fiscalía, corresponden a servicios particulares del PP pagadas con fondos públicos.
Sin embargo, esta no es la única actuación de supuesta financiación irregular del partido a la que hacen referencia Carrau y Horrach en su extensa exposición de los hechos, al postular que también la Fundació Illesport así como Vicepresidencia del Govern abonaron facturas falsas que escondían servicios realizados por la agencia de comunicación Nimbus al PP en la misma campaña electoral. Unos pagos que ascienden, según los fiscales, a 19.126 euros.
En concreto, una comisión judicial halló dos facturas -una de 8.782 euros y otra de 10.344- emitidas por la empresa Romero y Compañía S.L. y que, de acuerdo al escrito, no responden a servicios realmente prestados por esta mercantil sino que encubrían el pago de servicios particulares realizados por Nimbus para el PP -correspondientes a cuñas publicitarias de radio para la campaña electoral- y que fueron abonados con fondos procedentes de las arcas públicas.
Cabe recordar que la acusación pública imputa al ex presidente del Govern los delitos de malversación de caudales públicos -hasta en siete ocasiones-, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, blanqueo de capitales y un delito electoral, que llevarían aparejada una condena de más de 24 años de prisión aunque penados con un límite máximo de cumplimiento de 18 años de cárcel.
Así, tras más de quince horas de interrogatorio a Matas, la Fiscalía solicitó prisión bajo fianza de tres millones de euros para el encausado al aseverar que la trascendencia de los hechos investigados y el "importante volumen de la actividad delictiva" de Matas, así como el patrimonio generado y que éste "se ha pretendido poner fuera del alcance de las autoridades mediante el uso de testaferros", evidencian a su juicio que el ex presidente cuenta con "numerosos e importantes recursos económicos que posibilitan y ayudan a su fuga".
Además, los fiscales pidieron la retirada del pasaporte -que el juez ya ordenó este viernes como medida cautelarísima para evitar su huída-, la prohibición de abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial y su comparecencia quincenal 'apud acta' ante el Juzgado.
El escrito de la acusación pública, al que tuvo acceso Europa Press, relata entre otros numerosos hechos presuntamente delictivos que la Fundació Illesport, entidad pública del Govern, abonó tres facturas por 4.802 euros para el acto electoral celebrado el 18 de mayo de 2007, previo a los comicios autonómicos y municipales de ese año, lo que supuso la comisión de un delito de malversación de caudales públicos.
En concreto, una de las facturas fue emitida por la entidad Balimsa (Balear de Limpieza S.A.) por un total de 2.726 euros; otra por la empresa Trablisa para la vigilancia del recinto durante el mitin, por importe de 1.769 euros, y la tercera también de esta compañía de seguridad por valor de 307 euros en concepto de servicios de Atesa. Tres facturas que, según la Fiscalía, corresponden a servicios particulares del PP pagadas con fondos públicos.
Sin embargo, esta no es la única actuación de supuesta financiación irregular del partido a la que hacen referencia Carrau y Horrach en su extensa exposición de los hechos, al postular que también la Fundació Illesport así como Vicepresidencia del Govern abonaron facturas falsas que escondían servicios realizados por la agencia de comunicación Nimbus al PP en la misma campaña electoral. Unos pagos que ascienden, según los fiscales, a 19.126 euros.
En concreto, una comisión judicial halló dos facturas -una de 8.782 euros y otra de 10.344- emitidas por la empresa Romero y Compañía S.L. y que, de acuerdo al escrito, no responden a servicios realmente prestados por esta mercantil sino que encubrían el pago de servicios particulares realizados por Nimbus para el PP -correspondientes a cuñas publicitarias de radio para la campaña electoral- y que fueron abonados con fondos procedentes de las arcas públicas.
Cabe recordar que la acusación pública imputa al ex presidente del Govern los delitos de malversación de caudales públicos -hasta en siete ocasiones-, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, blanqueo de capitales y un delito electoral, que llevarían aparejada una condena de más de 24 años de prisión aunque penados con un límite máximo de cumplimiento de 18 años de cárcel.
Así, tras más de quince horas de interrogatorio a Matas, la Fiscalía solicitó prisión bajo fianza de tres millones de euros para el encausado al aseverar que la trascendencia de los hechos investigados y el "importante volumen de la actividad delictiva" de Matas, así como el patrimonio generado y que éste "se ha pretendido poner fuera del alcance de las autoridades mediante el uso de testaferros", evidencian a su juicio que el ex presidente cuenta con "numerosos e importantes recursos económicos que posibilitan y ayudan a su fuga".
Además, los fiscales pidieron la retirada del pasaporte -que el juez ya ordenó este viernes como medida cautelarísima para evitar su huída-, la prohibición de abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial y su comparecencia quincenal 'apud acta' ante el Juzgado.
El Informador de Maspalomas.
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