Maspalomas Gran Canaria Canarias:
Javier Ródenas, fiscal delegado de Medio Ambiente de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, afirmó ayer viernes que en Fuerteventura hay cinco casos abiertos de supuestos de prevaricación urbanística en distintas fases procesales, y añade que unos están pendientes de juicio oral, otros de investigación, de instrucción y del escrito de acusación por parte del Ministerio público.
Javier Ródenas, fiscal delegado de Medio Ambiente de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, afirmó ayer viernes que en Fuerteventura hay cinco casos abiertos de supuestos de prevaricación urbanística en distintas fases procesales, y añade que unos están pendientes de juicio oral, otros de investigación, de instrucción y del escrito de acusación por parte del Ministerio público.
Javier Ródenas, que no ha detallado estos casos, explicó que estas actuaciones “se siguen porque se desvió la normativa urbanística en el momento en que se otorgó la licencia” y que este tipo de comportamientos “no vienen dados por la falta de planeamiento, ni por los políticos". Asimismo, consideró que “no es elevado” el número de procesos que se llevan a cabo en Fuerteventura, comparado con el resto de Canarias. “No es para nada exagerado, creo que es normal, en todos los comportamientos hay algunos que son ilícitos, pero no hay que escandalizarse”, afirmó.
El fiscal aseguró no tener constancia de que casos como el de la localidad de Majanicho, situada en el municipio de La Oliva, hayan sido remitidos a la Fiscalía y se investiguen por un miembro de la sección de Medio Ambiente. El Tribunal Supremo (TS) desestimó hace más de un mes el recurso presentado por la empresa ‘Nombredo SL’ contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que determinó en octubre 2006 la ilegalidad del Plan Parcial SAU 12 – Casas de Majanicho.
Carmelo Padrón, catedrático de Arquitectura Legal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha señalado que la sentencia no dice qué pasara con las viviendas construidas. Añadió que el TS está “intentando colaborar” con el Ayuntamiento de La Oliva para minimizar el impacto y que le ha informado de que tiene que adoptar acuerdos, pero que “hasta donde tengo conocimiento, la Sala no se ha dirigido todavía al consistorio para que ejecute la sentencia”.
Rafael Fernández, magistrado del TS, destacó la problemática de la suspensión de los planes parciales, cuando el terreno ha sido edificado con anterioridad. Declaró que es “el problema que se ha quedado colgado de la brocha y le han quitado la escalera”, y que “hay que ser imaginativos y buscar unos instrumentos que en la medida posible legalicen ciertas situaciones”.
Rafael Fernández, indicó además que “hay que tratar de conservar lo que se pueda”, que los convenios de gestión urbanística son un buen instrumento para conseguir un acuerdo entre la Administración, los perjudicados y los titulares de las edificaciones "que pueden estar en una situación de ilegalidad", y que hay que tratar de conseguir, con las debidas compensaciones, algún tipo de acuerdo pactado para buscar una solución que no pase por el derribo.
Javier Ródenas, Carmelo Padrón y Rafael Fernández participaron esta mañana en el III Congreso Canario de Derecho Urbanístico, que se celebra en Corralejo, localidad de La Oliva, donde debatieron la “supresión de convenios”.
El fiscal aseguró no tener constancia de que casos como el de la localidad de Majanicho, situada en el municipio de La Oliva, hayan sido remitidos a la Fiscalía y se investiguen por un miembro de la sección de Medio Ambiente. El Tribunal Supremo (TS) desestimó hace más de un mes el recurso presentado por la empresa ‘Nombredo SL’ contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que determinó en octubre 2006 la ilegalidad del Plan Parcial SAU 12 – Casas de Majanicho.
Carmelo Padrón, catedrático de Arquitectura Legal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha señalado que la sentencia no dice qué pasara con las viviendas construidas. Añadió que el TS está “intentando colaborar” con el Ayuntamiento de La Oliva para minimizar el impacto y que le ha informado de que tiene que adoptar acuerdos, pero que “hasta donde tengo conocimiento, la Sala no se ha dirigido todavía al consistorio para que ejecute la sentencia”.
Rafael Fernández, magistrado del TS, destacó la problemática de la suspensión de los planes parciales, cuando el terreno ha sido edificado con anterioridad. Declaró que es “el problema que se ha quedado colgado de la brocha y le han quitado la escalera”, y que “hay que ser imaginativos y buscar unos instrumentos que en la medida posible legalicen ciertas situaciones”.
Rafael Fernández, indicó además que “hay que tratar de conservar lo que se pueda”, que los convenios de gestión urbanística son un buen instrumento para conseguir un acuerdo entre la Administración, los perjudicados y los titulares de las edificaciones "que pueden estar en una situación de ilegalidad", y que hay que tratar de conseguir, con las debidas compensaciones, algún tipo de acuerdo pactado para buscar una solución que no pase por el derribo.
Javier Ródenas, Carmelo Padrón y Rafael Fernández participaron esta mañana en el III Congreso Canario de Derecho Urbanístico, que se celebra en Corralejo, localidad de La Oliva, donde debatieron la “supresión de convenios”.
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