Maspalomas (Gran Canaria): La querella lleva aparejada la imputación de varios técnicos y concejales del Ayuntamiento.
La Fiscalía de la Audiencia Provincial se ha querellado contra el Ayuntamiento de Candelaria por prevaricación y falsedad documental. La denuncia de la Fiscalía se presentó el pasado mes de diciembre en el juzgado de instrucción número 1 de Güímar, lo que ha dado lugar a la apertura de diligencias previas en la que se están investigando la posible comisión de presuntos delitos de prevaricación continuada y de falsedad en documento público, según fuentes judiciales cercanas al caso.
La denuncia, que nace de varias acciones judiciales realizadas por el ex secretario municipal de Candelaria - aunque han derivado en una actuación de oficio de la Fiscalía- lleva aparejada la imputación de varios técnicos y concejales del Ayuntamiento, sobre hechos y actuaciones urbanísticas concretas, que pesan sobre el actual grupo de gobierno socialista.
La Fiscalía estudia personarse en las actuaciones, que tienen como antecedentes una acción judicial presentada por el ex secretario municipal ante un juzgado de instrucción de Güímar en el año 2003 y a la que se le puso pegas al pedir una fianza de 90.000 euros, aunque luego la Audiencia Provincial rebajó a 12.000 euros.
Esto obligó al ex funcionario a desistir de su intento de seguir adelante con la denuncia, así como de un procedimiento contencioso que llevaba sobre asuntos de Urbanismo y Personal. En breve tendrán lugar las primeras declaraciones de los imputados.
La denuncia, que nace de varias acciones judiciales realizadas por el ex secretario municipal de Candelaria - aunque han derivado en una actuación de oficio de la Fiscalía- lleva aparejada la imputación de varios técnicos y concejales del Ayuntamiento, sobre hechos y actuaciones urbanísticas concretas, que pesan sobre el actual grupo de gobierno socialista.
La Fiscalía estudia personarse en las actuaciones, que tienen como antecedentes una acción judicial presentada por el ex secretario municipal ante un juzgado de instrucción de Güímar en el año 2003 y a la que se le puso pegas al pedir una fianza de 90.000 euros, aunque luego la Audiencia Provincial rebajó a 12.000 euros.
Esto obligó al ex funcionario a desistir de su intento de seguir adelante con la denuncia, así como de un procedimiento contencioso que llevaba sobre asuntos de Urbanismo y Personal. En breve tendrán lugar las primeras declaraciones de los imputados.
El Informador de Maspalomas.
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