Gran Canaria, Canarias: Nuevo varapalo financiero para el Gobierno, que no sale de una para meterse en otra. Un error de la directora general del Tesoro, Cristina Domingo, le costará al erario público 5,2 millones de euros, al decaer ante el Juzgado el aval que el Ejecutivo otorgó a Vanyera, hoy en proceso de liquidación.
Cada vez más los errores se pagan. En plena vorágine por las sentencias condenatorias de Tindaya, Tebeto y la moratoria turística, el Gobierno canario conoció ayer un nuevo varapalo financiero al ser consciente de que pagará el aval de 5,2 millones de euros derivado del proceso de liquidación de la empresa de cátering Vanyera-3.
Un fallo administrativo achacable a Cristina Domingo, directora general del Tesoro y Política Financiera, maniata al erario público para reclamar ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 cualquier cantidad de dinero sujeta al procedimiento concursal en fase de conclusión.
Como se recordará, Vanyera-3 está a punto de ser adquirida por la empresa Ucalsa, después de dos años de negociación desde que el propietario, Ángel Marrero, presentó suspensión de pagos. En el plan de liquidación que los administradores concursales elevaron el pasado lunes al juzgado, se certifica que el Gobierno, por medio de Yolanda Domingo, incumplió una de sus obligaciones básicas: inscribir la garantía hipotecaria del aval en el Registro Mercantil de Bienes Muebles y en el Registro de Patentes y Marcas, una condición indispensable prevista por la Ley Concursal para incorporar las deudas al epígrafe de pagos privilegiados.
Cristina Domingo se olvidó de inscribir el asiento registral y, según fuentes jurídicas, el Gobierno se queda sin apenas margen de maniobra.
El aval de 5,2 millones servía de soporte a un préstamo (una línea de descuento) que Cajacanarias firmó con Vanyera en marzo de 2008, con autorización de la Unión Europea por tratarse de la concesión de una ayuda pública a una entidad privada. El error del Tesoro tiene una consecuencia directa en las cuentas del Ejecutivo: el aval pasa al listado de créditos ordinarios y no al de preferentes, y como la operación de Ucalsa con Vanyera es limitada en su cuantía (5,4 millones cuando la deuda es de 43 millones), sólo cobrarán aquellas entidades que tengan amarrados los préstamos con garantías hipotecarias certificadas y registradas. Y ése no es el caso del Gobierno.
Un fallo administrativo achacable a Cristina Domingo, directora general del Tesoro y Política Financiera, maniata al erario público para reclamar ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 cualquier cantidad de dinero sujeta al procedimiento concursal en fase de conclusión.
Como se recordará, Vanyera-3 está a punto de ser adquirida por la empresa Ucalsa, después de dos años de negociación desde que el propietario, Ángel Marrero, presentó suspensión de pagos. En el plan de liquidación que los administradores concursales elevaron el pasado lunes al juzgado, se certifica que el Gobierno, por medio de Yolanda Domingo, incumplió una de sus obligaciones básicas: inscribir la garantía hipotecaria del aval en el Registro Mercantil de Bienes Muebles y en el Registro de Patentes y Marcas, una condición indispensable prevista por la Ley Concursal para incorporar las deudas al epígrafe de pagos privilegiados.
Cristina Domingo se olvidó de inscribir el asiento registral y, según fuentes jurídicas, el Gobierno se queda sin apenas margen de maniobra.
El aval de 5,2 millones servía de soporte a un préstamo (una línea de descuento) que Cajacanarias firmó con Vanyera en marzo de 2008, con autorización de la Unión Europea por tratarse de la concesión de una ayuda pública a una entidad privada. El error del Tesoro tiene una consecuencia directa en las cuentas del Ejecutivo: el aval pasa al listado de créditos ordinarios y no al de preferentes, y como la operación de Ucalsa con Vanyera es limitada en su cuantía (5,4 millones cuando la deuda es de 43 millones), sólo cobrarán aquellas entidades que tengan amarrados los préstamos con garantías hipotecarias certificadas y registradas. Y ése no es el caso del Gobierno.
El Informador de Maspalomas.
Maspalomas-Gran Canaria.
