Las Palmas de Gran Canaria.; Cuatro sindicatos se unen para exigir responsabilidades.
Según advirtieron ayer funcionarios autonómicos de que hay mecanismos legales para que los cargos públicos afronten con su patrimonio las indemnizaciones derivadas de sus actos, por lo que darán un tiempo prudencial antes de pedir a la justicia que inicie los expedientes de responsabilidad patrimonial pertinentes.
Así lo señalaron ayer en una rueda de prensa conjunta en Santa Cruz de Tenerife, Lesmes Siverio, del Sindicato Independiente Canario; Javier Galván, presidente del sector autonómico del CSIF; Francisco Alberto Barrios, del CESP; y Cándido Pérez, de la asociación profesional Unión de Funcionarios, que han creado una plataforma por una administración pública "eficaz".
Según indicó Lesmes Siverio, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas establece en su artículo 145 que la Administración correspondiente exigirá de oficio a sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia grave.
Con este mecanismo no serían los ciudadanos los que paguen las indemnizaciones "millonarias" derivadas de casos como el de Tebeto, sino "los que han metido la pata", a quienes darán "un tiempo prudencial" para que inicien los expedientes correspondientes o si no irán a los tribunales "para que se les ponga la cara colorada".
Los funcionarios temen que las indemnizaciones que debe afrontar la Comunidad Autónoma, entre las que se encuentra la derivada por la expropiación para ampliar la sede del Parlamento de Canarias, aumentarán con las que proceden de la moratoria turística.
Las organizaciones de funcionarios anunciaron su intención de reunirse con los grupos parlamentarios para pedir que la Administración inicie de oficio los expedientes de responsabilidad patrimonial y que se investigue para que los ciudadanos sepan "quiénes son" los responsables en cada caso. "Con esta medida cambiarían muchas cosas en Canarias", afirmó Siverio.
Así lo señalaron ayer en una rueda de prensa conjunta en Santa Cruz de Tenerife, Lesmes Siverio, del Sindicato Independiente Canario; Javier Galván, presidente del sector autonómico del CSIF; Francisco Alberto Barrios, del CESP; y Cándido Pérez, de la asociación profesional Unión de Funcionarios, que han creado una plataforma por una administración pública "eficaz".
Según indicó Lesmes Siverio, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas establece en su artículo 145 que la Administración correspondiente exigirá de oficio a sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia grave.
Con este mecanismo no serían los ciudadanos los que paguen las indemnizaciones "millonarias" derivadas de casos como el de Tebeto, sino "los que han metido la pata", a quienes darán "un tiempo prudencial" para que inicien los expedientes correspondientes o si no irán a los tribunales "para que se les ponga la cara colorada".
Los funcionarios temen que las indemnizaciones que debe afrontar la Comunidad Autónoma, entre las que se encuentra la derivada por la expropiación para ampliar la sede del Parlamento de Canarias, aumentarán con las que proceden de la moratoria turística.
Las organizaciones de funcionarios anunciaron su intención de reunirse con los grupos parlamentarios para pedir que la Administración inicie de oficio los expedientes de responsabilidad patrimonial y que se investigue para que los ciudadanos sepan "quiénes son" los responsables en cada caso. "Con esta medida cambiarían muchas cosas en Canarias", afirmó Siverio.
El Informador de Maspalomas.
Gran Canaria, Canarias, España.
