Maspalomas (Gran Canaria): Un total de 19.293 canarios dependientes esperan que el Gobierno de Canarias les haga llegar las ayudas económicas a las que tienen derecho, como consecuencia del retraso en la tramitación de los expedientes, afirmó hoy la diputada socialista Francisca Luengo.
Luengo acusó al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y a la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, de "trapicheo" con los derechos de los canarios dependientes al retrasar sus expedientes y de "hacer caja" con ellos y exigió que esas personas sean atendidas de inmediato.
En el mes de junio próximo, Canarias deberá haberse puesto al día con los expedientes, tal como acordó el Gobierno canario con el Estado al fijar un tope de seis meses en la tramitación de las ayudas.
Sin embargo, todavía hay más de 7.000 informes de dependientes que aguardan el análisis de la Consejería de Bienestar Social, aseguró Luengo durante una rueda de prensa.
Ese boicot hace sufrir a los 19.293 dependientes valorados que esperan la ayuda que les corresponde y a a los 7.000 más que han presentado su solicitud y frena la creación de 15.000 empleos directos.
Para Luengo la excusa de Rojas de que el sistema está saturado debido al elevado número de peticiones supone la "última desvergüenza" de la consejera, pues hay otras comunidades con muchas más peticiones que Canarias que han agilizado su resolución.
La demora en la tramitación ha motivado que "más de 1.500 personas hayan fallecido en el camino", dado que la dependencia la sufren principalmente mujeres, casi todas mayores de 80 años.
Como resultado del retraso, Canarias se sitúa en cabeza de las comunidades autónomas con menos ayudas tramitadas, por delante de Murcia, Valencia y Madrid, gobernadas por PP, "en las que se usa la burocracia como escudo para no cumplir la ley", según Luengo.
A juicio de la diputada socialista, los canarios no creen las excusas del Gobierno Autónomo, que manipula las cifras, pues la realidad es que existen las transferencias bancarias desde el Gobierno central al de Canarias pero no el servicio del Gobierno Autónomo a los ciudadanos.
La Ley de Dependencia exige una aportación específica por parte del Gobierno de Canarias, que éste no aporta, y la que recibe del Estado no la destina a crear servicios nuevos, sino a financiar plazas y centros de mayores anteriores a 2007, que ya cuentan con otros fondos.
Luengo pidió también al Ejecutivo de Canarias que transfiera a cabildos y ayuntamientos todos los fondos que recibe del Estado para que tramiten los expedientes con mayor rapidez.
Asimismo, negó que exista una Ley Canaria de Dependencia, pues en el archipiélago nunca existió un sistema de dependencia y lo único que había era el sistema de la "cuña".
Desde que la Ley de Dependencia se aprobó, la atención a las personas dependientes dejó de ser una limosna para convertirse en un derecho, destacó la diputada socialista.
En el mes de junio próximo, Canarias deberá haberse puesto al día con los expedientes, tal como acordó el Gobierno canario con el Estado al fijar un tope de seis meses en la tramitación de las ayudas.
Sin embargo, todavía hay más de 7.000 informes de dependientes que aguardan el análisis de la Consejería de Bienestar Social, aseguró Luengo durante una rueda de prensa.
Ese boicot hace sufrir a los 19.293 dependientes valorados que esperan la ayuda que les corresponde y a a los 7.000 más que han presentado su solicitud y frena la creación de 15.000 empleos directos.
Para Luengo la excusa de Rojas de que el sistema está saturado debido al elevado número de peticiones supone la "última desvergüenza" de la consejera, pues hay otras comunidades con muchas más peticiones que Canarias que han agilizado su resolución.
La demora en la tramitación ha motivado que "más de 1.500 personas hayan fallecido en el camino", dado que la dependencia la sufren principalmente mujeres, casi todas mayores de 80 años.
Como resultado del retraso, Canarias se sitúa en cabeza de las comunidades autónomas con menos ayudas tramitadas, por delante de Murcia, Valencia y Madrid, gobernadas por PP, "en las que se usa la burocracia como escudo para no cumplir la ley", según Luengo.
A juicio de la diputada socialista, los canarios no creen las excusas del Gobierno Autónomo, que manipula las cifras, pues la realidad es que existen las transferencias bancarias desde el Gobierno central al de Canarias pero no el servicio del Gobierno Autónomo a los ciudadanos.
La Ley de Dependencia exige una aportación específica por parte del Gobierno de Canarias, que éste no aporta, y la que recibe del Estado no la destina a crear servicios nuevos, sino a financiar plazas y centros de mayores anteriores a 2007, que ya cuentan con otros fondos.
Luengo pidió también al Ejecutivo de Canarias que transfiera a cabildos y ayuntamientos todos los fondos que recibe del Estado para que tramiten los expedientes con mayor rapidez.
Asimismo, negó que exista una Ley Canaria de Dependencia, pues en el archipiélago nunca existió un sistema de dependencia y lo único que había era el sistema de la "cuña".
Desde que la Ley de Dependencia se aprobó, la atención a las personas dependientes dejó de ser una limosna para convertirse en un derecho, destacó la diputada socialista.
El Informador de Maspalomas.
Noticias de Gran Canaria, Canarias, España.
