Maspalomas (Gran Canaria): Los grupos de Coalición Canaria y Partido Popular en el Parlamento de Canarias han aprobado hoy martes, con la oposición del PSOE, una Proposición No de Ley en las que reclaman "que no se tiren más poblados marineros" en las Islas, al tiempo que ambos grupos coincidieron en defender la constitucionalidad de la norma aprobada en el Archipiélago y que busca defender estos núcleos urbanos costeros.
De igual forma, ambas formaciones en el Pleno de la Cámara condenaron la interpretación que se está realizando de la Ley de Costas en las Islas. La diputada del PP Cristina Tavío dijo que el Parlamento ya resolvió una incertidumbre jurídica a los ciudadanos afectados por la ley de Costas. "Llevan hasta diez años en litigio con la Dirección General de Costas", explicó al tiempo que señaló que se debe reconocer a los núcleos costeros consolidados anteriores a la aprobación de la ley estatal.
Tavío aseguró que Costas lleva a cabo una interpretación normativa desde 2005 "tortuosa, sectaria y contraria a los intereses de los canarios". Además recordó que el Gobierno central ha recurrido la ley canaria presentando un recurso de inconstitucionalidad. Criticó que no haya alternativas y que sólo se diga que "hay que demoler sin más y no dicen dónde van a vivir miles de ciudadanos".
La parlamentaria popular pidió que se reflexione sobre quién puede decir mejor que el Gobierno canario o los ayuntamientos qué tenía o no la condición de urbana antes de la ley estatal. "Costas no reconoce la competencia del Gobierno canario en una materia que el Estatuto de Autonomía si nos confiere competencias", aseguró.
A su juicio, esto no es un asunto político. A pesar de ello criticó la acción en este asunto del Gobierno del PSOE. Apostó aquí por la sostenibilidad y que se mantengan los usos del litoral canario. "CC y PP no queremos que se tiren más poblados marineros en Canarias. Queremos que Canarias siga siendo Canarias y no Marbella, Malibú o Miami. Queremos que siga teniendo sabor canario junto al mar", argumentó. La popular deseó un acuerdo entre todas las administraciones para mantener en pie los poblados pintorescos de las islas.
Derecho a recurrir
Por su parte, el diputado del PSOE Manuel Fajardo Palarea aseguró que el Estado tiene derecho a recurrir. Además apuntó que todos conocemos este gran problema y a alguien afectado. "Que el Gobierno tenga que ser requerido tras tres años por los grupos que le apoyan por algo que deberían estar haciendo ya, me ha sorprendido. Este es su mayor fracaso", sentenció.
Fajardo Palarea negó que haya inseguridad jurídica para los afectados. Aquí dijo que es el Gobierno canario quién deba defender este planteamiento. El socialista sí se mostró partidario de realizar un censo. "Es de sentido común", añadió para completar diciendo la ley de Costas sí apuesta por la colaboración interadministrativa.
"No podemos apoyar un acuerdo sobre competencias de la Comunidad y porque no nos podemos creer que el Gobierno no esté ya en ello", ironizó al tiempo que zanjó el socialista que "la ley debe ser para todas las personas".
El presidente del grupo parlamentario de CC, José Miguel González, apoyó la PNL del PP. Aquí recordó que el Estado ha presentado un recurso contra la norma canaria. Aquí rechazó que el de las Islas sea igual que el caso de Galicia, ya que la Comunidad Autónoma no asume competencias. "Seguimos en la misma línea y que la ley es correcta", aseguró González.
El nacionalista también expuso que la suspensión estatal es "por si acaso". "Los núcleos urbanos costeros no pueden ser tratados con la falta de sensibilidad de la Ley de Costas", afirmó González que habló incluso de que se ha avasallado a unas personas que han vivido en un lugar desde siempre y se les "avoca a la destrucción".
La proposición
La PNL propuesta por el PP quiere que el Ejecutivo regional "garantice la continuidad y seguridad jurídica de las áreas urbanas costeras de Canarias que reúnan un valor objetivo en materia etnográfica, arquitectónica y/o socioeconómica".
De igual forma, le instan a "suscribir convenios de colaboración con las entidades locales implicadas para la elaboración conjunta del censo de edificaciones del dominio marítimo-terrestre canario y sus zonas de servidumbre de tránsito y servidumbre de protección, con valoración técnica de su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social".
Los populares también quieren "promover y coordinar la tramitación de las concesiones administrativas a las que hubiera lugar ante la Administración General del Estado para los bienes que en virtud de los deslindes marítimos-terrestres por aquél practicados, resulten en el interior de las zonas de dominio público marítimo-terrestre, así como el otorgamiento por la Comunidad Autónoma de las autorizaciones procedentes en las zonas de servidumbre".
De igual forma abogan por un acuerdo en colaboración con las administraciones locales para "promover una línea de actuación pública dirigida a la mejora y acondicionamiento de aquellas áreas urbanas costeras de Canarias, así como la preservación y mejora de sus valores etnográficos, arquitectónicos o pintorescos".
"Promover las reformas precisas en la legislación del territorio de Canarias, con el fin de permitir la reclasificación de los suelos contiguos al dominio público marítimo-terrestre cuando resultaren necesarios, aunque estuvieren aislados de la malla urbana, para la reubicación de los usos residenciales que no fueren autorizables en virtud de las previsiones de la Ley de Costas, de aquellas edificaciones etnográficas susceptibles de conservación", concluye la PNL.
Fuente: Europa Press. Santa Cruz de Tenerife.
Tavío aseguró que Costas lleva a cabo una interpretación normativa desde 2005 "tortuosa, sectaria y contraria a los intereses de los canarios". Además recordó que el Gobierno central ha recurrido la ley canaria presentando un recurso de inconstitucionalidad. Criticó que no haya alternativas y que sólo se diga que "hay que demoler sin más y no dicen dónde van a vivir miles de ciudadanos".
La parlamentaria popular pidió que se reflexione sobre quién puede decir mejor que el Gobierno canario o los ayuntamientos qué tenía o no la condición de urbana antes de la ley estatal. "Costas no reconoce la competencia del Gobierno canario en una materia que el Estatuto de Autonomía si nos confiere competencias", aseguró.
A su juicio, esto no es un asunto político. A pesar de ello criticó la acción en este asunto del Gobierno del PSOE. Apostó aquí por la sostenibilidad y que se mantengan los usos del litoral canario. "CC y PP no queremos que se tiren más poblados marineros en Canarias. Queremos que Canarias siga siendo Canarias y no Marbella, Malibú o Miami. Queremos que siga teniendo sabor canario junto al mar", argumentó. La popular deseó un acuerdo entre todas las administraciones para mantener en pie los poblados pintorescos de las islas.
Derecho a recurrir
Por su parte, el diputado del PSOE Manuel Fajardo Palarea aseguró que el Estado tiene derecho a recurrir. Además apuntó que todos conocemos este gran problema y a alguien afectado. "Que el Gobierno tenga que ser requerido tras tres años por los grupos que le apoyan por algo que deberían estar haciendo ya, me ha sorprendido. Este es su mayor fracaso", sentenció.
Fajardo Palarea negó que haya inseguridad jurídica para los afectados. Aquí dijo que es el Gobierno canario quién deba defender este planteamiento. El socialista sí se mostró partidario de realizar un censo. "Es de sentido común", añadió para completar diciendo la ley de Costas sí apuesta por la colaboración interadministrativa.
"No podemos apoyar un acuerdo sobre competencias de la Comunidad y porque no nos podemos creer que el Gobierno no esté ya en ello", ironizó al tiempo que zanjó el socialista que "la ley debe ser para todas las personas".
El presidente del grupo parlamentario de CC, José Miguel González, apoyó la PNL del PP. Aquí recordó que el Estado ha presentado un recurso contra la norma canaria. Aquí rechazó que el de las Islas sea igual que el caso de Galicia, ya que la Comunidad Autónoma no asume competencias. "Seguimos en la misma línea y que la ley es correcta", aseguró González.
El nacionalista también expuso que la suspensión estatal es "por si acaso". "Los núcleos urbanos costeros no pueden ser tratados con la falta de sensibilidad de la Ley de Costas", afirmó González que habló incluso de que se ha avasallado a unas personas que han vivido en un lugar desde siempre y se les "avoca a la destrucción".
La proposición
La PNL propuesta por el PP quiere que el Ejecutivo regional "garantice la continuidad y seguridad jurídica de las áreas urbanas costeras de Canarias que reúnan un valor objetivo en materia etnográfica, arquitectónica y/o socioeconómica".
De igual forma, le instan a "suscribir convenios de colaboración con las entidades locales implicadas para la elaboración conjunta del censo de edificaciones del dominio marítimo-terrestre canario y sus zonas de servidumbre de tránsito y servidumbre de protección, con valoración técnica de su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social".
Los populares también quieren "promover y coordinar la tramitación de las concesiones administrativas a las que hubiera lugar ante la Administración General del Estado para los bienes que en virtud de los deslindes marítimos-terrestres por aquél practicados, resulten en el interior de las zonas de dominio público marítimo-terrestre, así como el otorgamiento por la Comunidad Autónoma de las autorizaciones procedentes en las zonas de servidumbre".
De igual forma abogan por un acuerdo en colaboración con las administraciones locales para "promover una línea de actuación pública dirigida a la mejora y acondicionamiento de aquellas áreas urbanas costeras de Canarias, así como la preservación y mejora de sus valores etnográficos, arquitectónicos o pintorescos".
"Promover las reformas precisas en la legislación del territorio de Canarias, con el fin de permitir la reclasificación de los suelos contiguos al dominio público marítimo-terrestre cuando resultaren necesarios, aunque estuvieren aislados de la malla urbana, para la reubicación de los usos residenciales que no fueren autorizables en virtud de las previsiones de la Ley de Costas, de aquellas edificaciones etnográficas susceptibles de conservación", concluye la PNL.
Fuente: Europa Press. Santa Cruz de Tenerife.
El Informador de Maspalomas.
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