Maspalomas (Gran Canaria): El jurado constituído desde el lunes para enjuiciar al diputado regional de CC Esteban Bethencourt emitió anoche el veredicto que le declara culpable de malversación de caudales y apoya la máxima pena. Le pueden caer hasta 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación.
El veredicto considera probado por unanimidad que entre octubre de 1998 y noviembre de 1999, Bethencourt Gámez, entonces alcalde de Valle de Gran Rey (La Gomera) y diputado regional por Coalición Canaria, percibió en concepto de dietas del erario municipal 8.383.000 pesetas «sin que en ningún caso se justificara la razón, necesidad o utilidad de los desplazamientos realizados, percibiendo en todo caso el 100% de las dietas cuando al no pernoctar fuera de su domicilio sólo podía percibir el 50% de las mismas».
Además, el tribunal popular también consideró acreditado de forma unánime que los hechos revestían «especial gravedad», ya que las sumas totales destinadas a indemnización por razón del servicio en el Ayuntamiento de Valle de Gran Rey ascendían a 11.126.832 pesetas, «y las consignadas para atención benéfica y asistenciales, programas de atención al menor y a la familia eran de 10.496.408 pesetas», esto es, que el alcalde se llevaba la práctica totalidad de las dietas del Ayuntamiento y que se gastaba en viajes injustificados casi lo mismo que en servicios sociales para sus vecinos.
«Contundente». A la vista del veredicto -calificado de «contundente» por el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, el propio representante del Ministerio Público reiteró en su intervención final la petición que venía formulando desde el principio –cinco años de prisión y nueve de inhabilitación.
La abogada Pilar Rosa Felipe, en representación de la acción popular –ejercida por la agrupación local del PSOE en Valle de Gran Rey, también confirmó su petición de condena inicial, ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación. Cabe señalar que el tribunal popular refrendó su tesis de que el delito era especialmente grave, pues fue esta parte la que planteó la comparativa sobre las dietas y el presupuesto social que finalmente se ha declarado «probado por unanimidad en el veredicto.
Además, el tribunal popular también consideró acreditado de forma unánime que los hechos revestían «especial gravedad», ya que las sumas totales destinadas a indemnización por razón del servicio en el Ayuntamiento de Valle de Gran Rey ascendían a 11.126.832 pesetas, «y las consignadas para atención benéfica y asistenciales, programas de atención al menor y a la familia eran de 10.496.408 pesetas», esto es, que el alcalde se llevaba la práctica totalidad de las dietas del Ayuntamiento y que se gastaba en viajes injustificados casi lo mismo que en servicios sociales para sus vecinos.
«Contundente». A la vista del veredicto -calificado de «contundente» por el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, el propio representante del Ministerio Público reiteró en su intervención final la petición que venía formulando desde el principio –cinco años de prisión y nueve de inhabilitación.
La abogada Pilar Rosa Felipe, en representación de la acción popular –ejercida por la agrupación local del PSOE en Valle de Gran Rey, también confirmó su petición de condena inicial, ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación. Cabe señalar que el tribunal popular refrendó su tesis de que el delito era especialmente grave, pues fue esta parte la que planteó la comparativa sobre las dietas y el presupuesto social que finalmente se ha declarado «probado por unanimidad en el veredicto.
El Informador de Maspalomas.
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