Nueva York (EE.UU.): La justicia de EE UU designa a un fiscal para investigar los interrogatorios de la CIA. John Durham examinará cerca de una docena de casos de sospechosos de terrorismo a los que se le pudo haber aplicado medidas de tortura.
El jefe del Departamento de Justicia de EE UU, Eric Holder, ha aceptado las recomendaciones y ha decidido nombrar a un fiscal que investigará cerca de una docena de casos en los que interrogadores y contratistas de la CIA pudieron haber aplicado tortura a sospechosos de terrorismo, han confirmado hoy fuentes de esa dependencia.
Holder ha dado a John Durham, un fiscal de carrera de Connecticut, la responsabilidad de encabezar la investigación. La tarea de Durham será evaluar si existe suficiente evidencia para lanzar una investigación criminal más amplia a empleados y ex funcionarios de la CIA que podrían haber violado la ley contra torturas durante los interrogatorios a los detenidos, según fuentes consultadas por el diario The Washington Post.
La reacción de Holder sería en respuesta a las recomendaciones elaboradas por la oficina de ética del departamento de Justicia de que se reabran cerca de una docena de casos de abusos a prisioneros, lo que podría llevar al banquillo a empleados y contratistas de la CIA por trato cruel a sospechosos de terrorismo, según una persona cercana al asunto citada por el diario estadounidense The New York Times. La recomendación coincide con la publicación, hoy, de un informe hasta ahora inédito elaborado en 2004 por el inspector general de la CIA en el que se detallan abusos a prisioneros cometidos por la agencia.
Según el rotativo estadounidense, la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia presentó su recomendación a Holder hace unos días, basada en los descubrimientos del inspector general de la CIA. En un primer momento, esos hallazgos fueron enviados a la Fiscalía, pero ésta decidió que ninguno de ellos era susceptible de ser juzgado. Sin embargo, cuando Holder se hizo cargo de la Fiscalía General y tuvo conocimiento de los abusos, que incluyen la muerte de detenidos y otros casos de torturas físicas y psicológicas, el fiscal comenzó a reconsiderar si algunos de esos casos debían ir a juicio.
Con la publicación hoy del informe de los abusos de la CIA y con la recomendación en la mano, el rotativo da por seguro que se nombrará un fiscal para el caso y se darán otros pasos para llevar esos abusos ante los tribunales. Y eso pese a que desde su llegada a la Casa Blanca, Barack Obama ha reiterado que no tiene intención de encausar a los responsables de la Administración anterior, aunque ha dado la vuelta a la política contra el terrorismo: nuevas normas de interrogatorios y tratamiento a detenidos, desmantelamiento de las cárceles secretas de la CIA y cierre del penal de Guantánamo. El último movimiento en este sentido ha sido la comunicación a la Cruz Roja de las identidades y situaciones de presuntos terroristas detenidos en dos centros penitenciarios secretos de Afganistán e Irak.
La recomendación de la oficina ética del departamento de Justicia se centra en denuncias de casos de abusos cometidos principalmente en Irak y Afganistán. Se trata de alrededor de la mitad de los que informó el inspector general de la CIA en su informe, que hoy va a ser publicado y del que han salido a la luz informaciones este fin de semana. En el documento se describe, por ejemplo, que los agentes de la CIA simulaban ejecuciones para que el interrogado pudiera oírlas y se asustara. El estatuto federal estadounidense califica de tortura la amenaza directa de muerte o la "amenaza de que otra persona va a ser inmediatamente muerta". El informe también relata cómo algún detenido fue amenazado con una pistola o con una taladradora.
Aunque los casos que van a ser reabiertos no se centran en denuncias contra los agentes de la CIA que llevaron a cabo los interrogatorios forzosos, no se descarta que, si son investigados de nuevo, éstos tengan que rendir cuentas.
El informe de la Oficina de Responsabilidad Profesional, el más importante que ha recibido Holder desde que accedió al cargo, está redactado por Mary Patrice Brown, una veterana fiscal de Washington elegida por el propio Holder para dirigir la citada oficina tras la marcha del anterior responsable.
Holder ha dado a John Durham, un fiscal de carrera de Connecticut, la responsabilidad de encabezar la investigación. La tarea de Durham será evaluar si existe suficiente evidencia para lanzar una investigación criminal más amplia a empleados y ex funcionarios de la CIA que podrían haber violado la ley contra torturas durante los interrogatorios a los detenidos, según fuentes consultadas por el diario The Washington Post.
La reacción de Holder sería en respuesta a las recomendaciones elaboradas por la oficina de ética del departamento de Justicia de que se reabran cerca de una docena de casos de abusos a prisioneros, lo que podría llevar al banquillo a empleados y contratistas de la CIA por trato cruel a sospechosos de terrorismo, según una persona cercana al asunto citada por el diario estadounidense The New York Times. La recomendación coincide con la publicación, hoy, de un informe hasta ahora inédito elaborado en 2004 por el inspector general de la CIA en el que se detallan abusos a prisioneros cometidos por la agencia.
Según el rotativo estadounidense, la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia presentó su recomendación a Holder hace unos días, basada en los descubrimientos del inspector general de la CIA. En un primer momento, esos hallazgos fueron enviados a la Fiscalía, pero ésta decidió que ninguno de ellos era susceptible de ser juzgado. Sin embargo, cuando Holder se hizo cargo de la Fiscalía General y tuvo conocimiento de los abusos, que incluyen la muerte de detenidos y otros casos de torturas físicas y psicológicas, el fiscal comenzó a reconsiderar si algunos de esos casos debían ir a juicio.
Con la publicación hoy del informe de los abusos de la CIA y con la recomendación en la mano, el rotativo da por seguro que se nombrará un fiscal para el caso y se darán otros pasos para llevar esos abusos ante los tribunales. Y eso pese a que desde su llegada a la Casa Blanca, Barack Obama ha reiterado que no tiene intención de encausar a los responsables de la Administración anterior, aunque ha dado la vuelta a la política contra el terrorismo: nuevas normas de interrogatorios y tratamiento a detenidos, desmantelamiento de las cárceles secretas de la CIA y cierre del penal de Guantánamo. El último movimiento en este sentido ha sido la comunicación a la Cruz Roja de las identidades y situaciones de presuntos terroristas detenidos en dos centros penitenciarios secretos de Afganistán e Irak.
La recomendación de la oficina ética del departamento de Justicia se centra en denuncias de casos de abusos cometidos principalmente en Irak y Afganistán. Se trata de alrededor de la mitad de los que informó el inspector general de la CIA en su informe, que hoy va a ser publicado y del que han salido a la luz informaciones este fin de semana. En el documento se describe, por ejemplo, que los agentes de la CIA simulaban ejecuciones para que el interrogado pudiera oírlas y se asustara. El estatuto federal estadounidense califica de tortura la amenaza directa de muerte o la "amenaza de que otra persona va a ser inmediatamente muerta". El informe también relata cómo algún detenido fue amenazado con una pistola o con una taladradora.
Aunque los casos que van a ser reabiertos no se centran en denuncias contra los agentes de la CIA que llevaron a cabo los interrogatorios forzosos, no se descarta que, si son investigados de nuevo, éstos tengan que rendir cuentas.
El informe de la Oficina de Responsabilidad Profesional, el más importante que ha recibido Holder desde que accedió al cargo, está redactado por Mary Patrice Brown, una veterana fiscal de Washington elegida por el propio Holder para dirigir la citada oficina tras la marcha del anterior responsable.
El Informador de Maspalomas.
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