Recorta gastos para pagar el aval de Tebeto.
Para garantizar el pago de los 101 millones de euros por el caso Tebeto al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) La única posibilidad del Gobierno autonómico son los presupuestos de 2009. El Gobierno regional recortará, salvo servicios sociales, los gastos de todas las consejerías.
Desde que el Gobierno canario recibiera hace unos días la providencia del TSJC para consignar, en el plazo de dos semanas, la multimillonaria cantidad a pagar a Rafael Bittini, propietario de la empresa Cabo Verde, la dirección general de Presupuestos ha recibido la orden de «escudriñar, de arriba a abajo,» los presupuestos de 2009 para hacer una retención de crédito por los 101 millones de euros de la indemnización a satisfacer, según informó el vicepresidente económico, José Manuel Soria.
Pero «lo malo no es eso», agregó el responsable autonómico, sino que, después de Tebeto, vendrán dos sentencias judiciales más por valor de unos 90 millones de euros por diversas sentencias de la moratoria turística.
José Manuel Soria, vicepresidente económico, explicó que las retenciones a realizar suponen que «créditos aprobados» para el actual ejercicio «no se van a poder disponer», es decir, que se producirá un recorte de los gastos de los distintos departamento del Ejecutivo.
José Manuel Soria dijo además que los reducciones afectarán a los gastos corrientes de todas las consejerías salvo los servicios sociales.
La obligación de tener que hacer frente al pago de estas indemnizaciones, según Soria, viene «muy mal» al producirse en un escenario de reducción de los ingresos e incremento de las necesidades de las familias afectadas por el desempleo.
José Manuel Soria aclaró que el Ejecutivo no puede pagar estas deudas con la suscripción de un nuevo préstamo ante la prohibición de incrementar la deuda.
Añadió además, que el endeudamiento de la comunidad autónoma está tasado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria del Estado, que establece un límite. Para el actual ejercicio económico, tal y como aclaró, «ya tenemos» suscrita la deuda ya que, recientemente, se firmó un crédito de 615 millones de euros, José Manuel Soria declaró que este problema no ha sido generado por el actual Gobierno ni por el de la pasada legislatura. Es una decisión que viene de 1993, insistió, pero «somos Gobierno para lo que hemos hecho y para le que no hemos hecho».
Las consideraciones en elaboración por los servicios jurídicos autonómicos para intentar frenar, con un recurso de súplica, el pago de los 101 millones por el caso Tebeto, en opinión del vicepresidente, «no sería un argumento a descartar» dada la «muy, muy limitada y estrecha» capacidad financiera que tiene el Gobierno. El vicepresidente económico se amparó en la bajada de la recaudación y, por tanto, en la disminución de ingresos para hacer hincapié en que sería «un argumento» a defender frente al TSJC porque paralelamente aumentan los gastos sociales por la crisis. Para Soria, el Ejecutivo no debe renunciar a ningún tipo de acción legal que pueda «diferir o demorar o periodificar» el pago al responsable de la empresa Cabo Verde, Rafael Bittini. Al ser cuestionado si la administración gubernamental pueda enfrentarse a una situación de bloqueo financiero, el vicepresidente económico respondió que «no hablaría» de ese escenario.
Desde que el Gobierno canario recibiera hace unos días la providencia del TSJC para consignar, en el plazo de dos semanas, la multimillonaria cantidad a pagar a Rafael Bittini, propietario de la empresa Cabo Verde, la dirección general de Presupuestos ha recibido la orden de «escudriñar, de arriba a abajo,» los presupuestos de 2009 para hacer una retención de crédito por los 101 millones de euros de la indemnización a satisfacer, según informó el vicepresidente económico, José Manuel Soria.
Pero «lo malo no es eso», agregó el responsable autonómico, sino que, después de Tebeto, vendrán dos sentencias judiciales más por valor de unos 90 millones de euros por diversas sentencias de la moratoria turística.
José Manuel Soria, vicepresidente económico, explicó que las retenciones a realizar suponen que «créditos aprobados» para el actual ejercicio «no se van a poder disponer», es decir, que se producirá un recorte de los gastos de los distintos departamento del Ejecutivo.
José Manuel Soria dijo además que los reducciones afectarán a los gastos corrientes de todas las consejerías salvo los servicios sociales.
La obligación de tener que hacer frente al pago de estas indemnizaciones, según Soria, viene «muy mal» al producirse en un escenario de reducción de los ingresos e incremento de las necesidades de las familias afectadas por el desempleo.
José Manuel Soria aclaró que el Ejecutivo no puede pagar estas deudas con la suscripción de un nuevo préstamo ante la prohibición de incrementar la deuda.
Añadió además, que el endeudamiento de la comunidad autónoma está tasado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria del Estado, que establece un límite. Para el actual ejercicio económico, tal y como aclaró, «ya tenemos» suscrita la deuda ya que, recientemente, se firmó un crédito de 615 millones de euros, José Manuel Soria declaró que este problema no ha sido generado por el actual Gobierno ni por el de la pasada legislatura. Es una decisión que viene de 1993, insistió, pero «somos Gobierno para lo que hemos hecho y para le que no hemos hecho».
Las consideraciones en elaboración por los servicios jurídicos autonómicos para intentar frenar, con un recurso de súplica, el pago de los 101 millones por el caso Tebeto, en opinión del vicepresidente, «no sería un argumento a descartar» dada la «muy, muy limitada y estrecha» capacidad financiera que tiene el Gobierno. El vicepresidente económico se amparó en la bajada de la recaudación y, por tanto, en la disminución de ingresos para hacer hincapié en que sería «un argumento» a defender frente al TSJC porque paralelamente aumentan los gastos sociales por la crisis. Para Soria, el Ejecutivo no debe renunciar a ningún tipo de acción legal que pueda «diferir o demorar o periodificar» el pago al responsable de la empresa Cabo Verde, Rafael Bittini. Al ser cuestionado si la administración gubernamental pueda enfrentarse a una situación de bloqueo financiero, el vicepresidente económico respondió que «no hablaría» de ese escenario.
El Informador de Maspalomas.
