Santa Cruz de Tenerife, Canarias: Los partidos pactan echar al responsable del común.
Los partidos con representación en el Parlamento se disponen a consensuar el procedimiento para que abandone su puesto como responsable del Diputado del Común, Manuel Alcaide. Sus últimas declaraciones han sido la gota que colma el vaso.
El Diputado del Común ha firmado su destitución como titular del Diputado del Común de Canarias desde el día en que afirmó sin reparo alguno a Diario de Avisos que la Administración Pública funcionaba mejor cuando el dictador Francisco Franco dirigía el país.
Esto hizo saltar al Partido Socialista Canario (PSC) cuyo portavoz, Santiago Pérez, ha recordado oportunamente que él mismo ha venido pidiendo la dimisión hace más de un año de quien está llamado a defender a los ciudadanos de los abusos que comete la Administración.
Sin embargo, la iniciativa socialista de promover la apertura de un expediente para acabar definitivamente con el mandato de Manuel Alcaide no ha sentado nada bien al resto de los grupos, aunque existe una práctica unanimidad en que urge su sustitución.
Aprovechando el Pleno extraordinario que se celebró el pasado miércoles, los portavoces de Coalición Canaria (CC) y del Partido Popular (PP), José Miguel Barragán y Miguel Cabrera Pérez-Camacho, fueron a pedirle explicaciones a Santiago Pérez y reprocharle el haber presentado la iniciativa sin antes acordarla con el resto de los grupos. De la discusión se salió, sin embargo, con el propósito de reunirse esta semana que entra para acordar si se aplica el procedimiento previsto en la Ley del Diputado del Común, o si se fuerza a su titular a dimitir por un acuerdo alcanzado entre los tres grupos.
Por el artº. 10.
A la espera del resultado que dé la reunión, lo que está ya sobre la mesa es la iniciativa socialista, que se fundamenta en la ley que rige la institución.
En el artículo 10 se contempla como causa de cese, entre otras, «actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones propias de su cargo».
Si se aplicara esta vía, la apertura del expediente de cese debe ser a propuesta de «al menos dos grupos o de la quinta parte de los miembros de la Cámara» y se votará en un pleno. La decisión no se hará efectiva sin antes pasar por la Comisión de Estatuto de los Diputados «quien oirá al Diputado del Común. La Comisión elevará dictamen al pleno con propuesta de cese. Dicha propuesta requerirá para su aprobación el apoyo de las tres quintas partes» del pleno.
El Diputado del Común ha firmado su destitución como titular del Diputado del Común de Canarias desde el día en que afirmó sin reparo alguno a Diario de Avisos que la Administración Pública funcionaba mejor cuando el dictador Francisco Franco dirigía el país.
Esto hizo saltar al Partido Socialista Canario (PSC) cuyo portavoz, Santiago Pérez, ha recordado oportunamente que él mismo ha venido pidiendo la dimisión hace más de un año de quien está llamado a defender a los ciudadanos de los abusos que comete la Administración.
Sin embargo, la iniciativa socialista de promover la apertura de un expediente para acabar definitivamente con el mandato de Manuel Alcaide no ha sentado nada bien al resto de los grupos, aunque existe una práctica unanimidad en que urge su sustitución.
Aprovechando el Pleno extraordinario que se celebró el pasado miércoles, los portavoces de Coalición Canaria (CC) y del Partido Popular (PP), José Miguel Barragán y Miguel Cabrera Pérez-Camacho, fueron a pedirle explicaciones a Santiago Pérez y reprocharle el haber presentado la iniciativa sin antes acordarla con el resto de los grupos. De la discusión se salió, sin embargo, con el propósito de reunirse esta semana que entra para acordar si se aplica el procedimiento previsto en la Ley del Diputado del Común, o si se fuerza a su titular a dimitir por un acuerdo alcanzado entre los tres grupos.
Por el artº. 10.
A la espera del resultado que dé la reunión, lo que está ya sobre la mesa es la iniciativa socialista, que se fundamenta en la ley que rige la institución.
En el artículo 10 se contempla como causa de cese, entre otras, «actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones propias de su cargo».
Si se aplicara esta vía, la apertura del expediente de cese debe ser a propuesta de «al menos dos grupos o de la quinta parte de los miembros de la Cámara» y se votará en un pleno. La decisión no se hará efectiva sin antes pasar por la Comisión de Estatuto de los Diputados «quien oirá al Diputado del Común. La Comisión elevará dictamen al pleno con propuesta de cese. Dicha propuesta requerirá para su aprobación el apoyo de las tres quintas partes» del pleno.
El Informador de Maspalomas.
