Telde, Gran Canaria: El Ministerio Público ha detectado irregularidades en el cálculo y cobro de plusvalías a numerosos particulares.
La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha acordado solicitar la imputación de un técnico que trabaja para la empresa que colabora en la recaudación de tributos en la ciudad y un funcionario del Ayuntamiento de Telde, al entender que éstos podrían haber incurrido en la presunta comisión de los delitos de prevaricación, fraude y exacciones ilegales al cobrar, de forma aparentemente irregular, impuestos de plusvalías mal calculados a un numeroso grupo de particulares y empresarios.
En el escrito rubricado por Jesús Lomba, fiscal, el pasado 28 de abril se apunta a que tanto Sergio N. -del área de Cargos y Plusvalías de la UTE que auxilia en el cobro de impuestos- como Sergio R. -jefe de Rentas de la institución local- ordenaban "que en la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos -las conocidas plusvalías- se aplicase el baremo máximo de 'penalización', el de 20 años, en aquellos casos que no constase en la escritura presentada por el vendedor la fecha de la primera compra".
El representante del Ministerio Público entiende que este gesto suponía "la imposición de unos importes muy superiores a los que corresponden en la ordenanza fiscal, traduciéndose en unas liquidaciones que excedían de forma palmaria y flagrante de las que correspondería de acuerdo a las normas tributarias". Otra anomalía detectada afecta a la valoración catastral de terrenos vendidos. Según el fiscal, la UTE calculaba el valor "sin enviar la documentación a la oficina catastral, aplicando por sí misma el valor de una zona próxima" o mediante unos índices que en puridad no le correspondían. El asunto está ya en manos de los tribunales.
En el escrito rubricado por Jesús Lomba, fiscal, el pasado 28 de abril se apunta a que tanto Sergio N. -del área de Cargos y Plusvalías de la UTE que auxilia en el cobro de impuestos- como Sergio R. -jefe de Rentas de la institución local- ordenaban "que en la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos -las conocidas plusvalías- se aplicase el baremo máximo de 'penalización', el de 20 años, en aquellos casos que no constase en la escritura presentada por el vendedor la fecha de la primera compra".
El representante del Ministerio Público entiende que este gesto suponía "la imposición de unos importes muy superiores a los que corresponden en la ordenanza fiscal, traduciéndose en unas liquidaciones que excedían de forma palmaria y flagrante de las que correspondería de acuerdo a las normas tributarias". Otra anomalía detectada afecta a la valoración catastral de terrenos vendidos. Según el fiscal, la UTE calculaba el valor "sin enviar la documentación a la oficina catastral, aplicando por sí misma el valor de una zona próxima" o mediante unos índices que en puridad no le correspondían. El asunto está ya en manos de los tribunales.
El Informador de Maspalomas.
